Inculcados a pensar desde nuestra más tierna infancia que somos un país homogéneo, pocos son los que han podido reparar que su naturaleza es esencialmente pluricultural. Es cierto que aquellos pocos después de mucho batallar han logrado que nuestra Constitución diga: “…El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” y que, correspondientemente, se agreguen otros artículos que se adecúan a este enunciado, como el que declara que el Estado reconoce la identidad de las comunidades campesinas y nativas.
Pero si bien esta declaración es un avance, existe todavía una gran mayoría de peruanos a los que les cuesta comprender que nuestra diversidad cultural no es como la que se da en muchos países europeos. En el Perú, la peculiaridad de su pluralismo cultural estriba en que aparte de diferenciarse culturalmente contiene pueblos que marchan a distintos ritmos socioeconómicos con relación al mundo moderno. A un extremo podemos ubicar a los peruanos no-contactados de la región amazónica y al otro a los de ascendencia criolla que habitan los barrios residenciales de nuestra capital.
Consciente de este panorama, acepté el nombramiento de ministro de Cultura cuando el entonces presidente Alan García tuvo el generoso gesto de confiármelo. Pero a la par del honor que se me hacía, lo que más me entusiasmó es que el nuevo organismo que dirigiría la política cultural de nuestro país no se quedaría en los viejos lineamientos del Instituto Nacional de Cultura (INC), sino que se le añadiría otra vertiente que tenía que ver con el pluralismo cultural, con la necesidad de una ciudadanía intercultural, con el rescate y puesta en valor de los conocimientos colectivos y con mi acariciado sueño de hacer tomar conciencia de esta particularidad de nuestro país y de la posibilidad de anteponer el diálogo al monólogo que consideraba esencial para nuestra vida democrática.